¿Se cierran las puertas a terroristas anticubanos en EEUU?

Hay quienes piensan que el anuncio de la recientes desclasificación de documentos puede significar el cambio tan esperado por Cuba en las posiciones de EEUU con respecto al terrorismo contra nuestra Patria. De ser así, cabe la posibilidad de que se reabra el Gran Jurado de Nueva Jersey y se puedan interponer querellas contra los terroristas y prófugos de la justicia cubana que aún caminan impunes por Miami y otras ciudades.

Por lo menos, ayer supe de primera mano que existe una clara intranquilidad entre los terroristas y que ya han reclamado a sus socios mafiosos en el Congreso oponerse a cualquier medida que apunte a esa dirección.

Poco, o casi nada, reveló el reciente informe desclasificado hace unos días por el Departamento de Estado, a no ser la “conjetura” de la CIA en que se estima que Luis Posada Carrilles pudo haber estado vinculado a la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana de aviación en Barbados el 6 de octubre de 1976.

A pesar de desnudar algunas partes de un viejo informe ya desclasificado, todavía se mantienen ocultos en los archivos de la CIA los vínculos de esta agencia con grupos terroristas asentados en EEUU. También se trata de impostar la idea de que la CIA no supo anticipadamente la realización de este macabro plan que costó la vida a 73 personas.

Fidel nunca se equivocó. Aunque se niegue, y haya que esperar muchos años más, la mano de la CIA estuvo implicada en este hecho.

En resumen, el memorando enviado a quien entonces fungía como secretario de estado, Henry Kissinger, por un dueto de altos jerarcas del Departamento de Estado en aquellos tiempos, Harold H. Saunders, director del Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry W. Shlaudeman, parte de las acusaciones hechas por Fidel contra la Agencia. Empero, sí se toma en cuenta que realmente existieron vínculos entre la CIA y tres de los implicados en la voladura del avión cubano en Barbados, aunque se desmarca a la misma –en una absurda y nada creíble cortina de humo-, por no tener conocimiento de las maquinaciones criminales de sus pupilos como Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Frank Castro, Orlando García, Ricardo Morales Navarrete y Félix Martínez Suárez.

Como la fuerza de la verdad no se puede manipular por mucho tiempo, la CIA reconoció haber tenido vínculos con Posada, Bosch y Martínez Suárez, exonerando a éste último de cualquier implicación. A la par, Posada y Bosch han sido implicados confesos de su implicación en este crimen. El primero aún vive impunemente en EEUU, mientras el otro falleció con un halo de impunidad.

¿Supieron realmente las autoridades norteamericanas sobre la implicación de la CIA en hechos terroristas contra Cuba, tal como ocurrió con el derribo del avión de Cubana de Aviación en Barbados? Claro que sí.

Soy testigo de que cuando se conformó el Gran Jurado en Newark, en Nueva Jersey, en agosto del 2006, para juzgar los crímenes del terrorista Luis Posada Carriles, existió en las autoridades norteamericanas la postura de SOLAMENTE juzgar aquellos delitos posteriores al año 1995, dando los otros como aparentemente prescritos por la legislación de ese país.

De hecho, tanto el FBI como la Sección Antiterrorista del Departamento de Estado, solo centraron su atención en la oleada terrorista contra centros turísticos habaneros en 1997, que costaron la vida a un joven turista italiano, heridas a otras 11 personas y cuantiosos daños materiales. Lo demás fue ignorado.

La causa principal por la que las actividades del Gran Jurado contra Luis Posada Carriles se haya estancado –a pesar de los elevados gastos millonarios desembolsados-, fueron las fuertes presiones ejercidas por el grupo mafioso anticubano en el Congreso y por el temor de EEUU que su implicación en el terrorismo contra Cuba fuera puesto al descubierto.

Aunque se llegó a escarbar las paredes externas de la permanente conspiración terrorista contra Cuba por parte del Gran Jurado en sus investigaciones sobre los atentados con bombas de 1997, se pudo identificar la implicación de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en los mismos, en las personas de dos ex directores de la misma -Abel Hernández, residente de Cliffside Park, y Oscar Rojas, quien fue contador del fallecido millonario de Fort Lee, Arnaldo Monzón-, así como de otro tres sospechosos vinculados a esta misma organización. Los capos superiores de la FNCA en esos momentos como Jorge Mas Canosa, Francisco José Hernández Calvo, Luis Zúñiga Rey, Horacio Salvador García Cordero, entre otros, apenas fueron interrogados o investigados.

Tal como señalo en un viejo artículo publicado en CubaDebate el 4 de octubre del 2007, titulado “¿Querrá Estados Unidos realmente encausar a Posada Carriles en New Jersey?”, tratando de conminar a las autoridades de ese país, destaqué: “Cuando un Gran Jurado de New Jersey inició una investigación en agosto del 2006, sobre la participación de Luis Posada Carriles en los atentados con bombas contra hoteles cubanos en 1997, mucha gente pensó que al fin este criminal sería encausado por las autoridades norteamericanas, luego del bochornoso papel representado por las mismas durante el juicio que se le siguió a este connotado criminal en El Paso, Texas. Sería, sin lugar a dudas, la oportunidad que tendría la justicia norteamericana para limpiar la deteriorada imagen que presentó ante el mundo en ese proceso legal y, desde luego, una manera tardía de “hacer justicia” al cacareado antiterrorismo preconizado por Bush.”

“Mal parados quedaron el Departamento de Justicia el Departamento de Seguridad Interna y otras agencias federales, por el papel asumido durante la querella legal contra Posada Carriles, por violar las leyes migratorias de Estados Unidos al ingresar ilegalmente a este país.”

Retomo otras partes del citado artículo:

“Estaba claro, que el Procurador General y su Sección Antiterrorista se negaron a reconocer que Posada Carriles es un connotado criminal, indudablemente presionados por la propia administración y el miedo de la misma de ser chantajeados por la mafia cubana de Miami y el propio terrorista. Si se hubiera entregado a la corte esta certificación, se hubieran creado las condiciones legales para proceder a la detención permanente de Posada Carriles, garantizando que cada seis meses se revisara su condición como terrorista.

A pesar de que la Sección Antiterrorista contaba en esos momentos con abundante información incriminatoria contra Posada, ofrecida por Cuba y aportada por infinidad de fuentes públicas y las propias declaraciones del criminal, la fiscalía no aportó una sola prueba sobre el prontuario terrorista del asesino.

Estos dos hechos, la falta de pruebas aportadas por el gobierno y la ausencia de tal certificación, abrieron las puertas a la impunidad y posibilitaron que los abogados de la defensa presionaran a la corte para obtener la liberación bajo fianza del terrorista.

Varios acontecimientos sucedidos en Estados Unidos y relacionados con Posada Carriles y varios de sus cómplices, demuestran que existen intenciones de evitar cualquier enjuiciamiento al terrorista por sus actividades criminales contra Cuba. Tenerlos en cuenta de conjunto, nos permiten comprobar que las autoridades norteamericanas y sus cómplices de la mafia terrorista de Miami manejan diversos y ocultos hilos entre telones, para garantizar nuevamente la impunidad:

• El presidente de Estados Unidos George W. Bush se reunió con el antiguo directivo de la FNCA y financista directo de actividades terroristas contra Cuba, Alberto Hernández, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en ocasión de la visita del mandatario para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 10 de junio de 2005. Fue, de hecho, un espaldarazo a la mafia y a Posada Carriles.

• Varios congresistas del sur de la Florida, involucrados hasta el tuétano en los ataques contra Cuba, Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, no solo solicitaron en mayo y noviembre de 2003 a la ex presidenta panameña, Mireya Moscoso, el perdón para Posada Carriles y sus tres cómplices en el intento de magnicidio contra el Comandante en Jefe, en Panamá, sino que realizaron gestiones secretas septiembre de 2006, ante el gobierno de Bush, para liberar al terrorista, de quien dijeron sentir una profunda admiración.
• Varios cómplices de Posada Carriles fueron exonerados de las acusaciones que pesaban contra ellos por varios delitos:

1. a) Un juez federal, Juan Montalvo, dejó en libertad el 17 de agosto de 2006 a José Hilario “Pepín» Pujol y Rubén López Castro, por su complicidad en la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados Unidos, a pesar de que los mismos violaron varias leyes migratorias norteamericanas.

   b) Otro connotado terrorista, Ernesto Abreu, fue dejado en libertad por el juez federal David Briones, en octubre del 2006, a pesar de que se negó a declarar ante la corte durante el proceso de El Paso, Texas.

   c) En enero de 2007, el terrorista Santiago Álvarez, condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de conspiración para poseer un arsenal de armas de guerra, junto a Osvaldo Mitat, logró un arreglo con la fiscalía luego de entregar a las autoridades un cuantioso arsenal de armas de guerra entre los que se incluían, rifles, detonadores, explosivos C-4, un lanzagranadas y municiones. Ni sus declaraciones sobre el hecho de que estas armas serían empleadas para atacar a un gobierno extranjero, el cubano, en franca violación de la Ley de Neutralidad, sonrojaron a la fiscalía ni al juez que redujo las condenas.

   d) La misma farsa que se urdió con Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, se repitió descaradamente en junio de 2007, cuando el abogado de otro terrorista, Robert Ferro, quien fuera detenido con un importante alijo de armas, logró que la fiscalía impusiera una sentencia irrisoria para su defendido.

   Eufórico y en espera de la más descarada impunidad, como solo sabe hacerlo quien nada teme, Posada Carriles realizó unas cínicas declaraciones desde El Paso, Texas, a la emisora miamense WQBA, en agosto de 2006: “Mis planes futuros es Cuba, mi objetivo es Cuba, y seguirá siendo Cuba, regresar a la isla, a mi patria”.

Dos meses, en octubre de ese mismo año, el terrorista ávido de protagonismo declaró a la emisora La Poderosa: «Esta semana el juez federal decide y según la ley, corresponde que me suelten. …No estoy nervioso y sí muy optimista de ser liberado. Si vuelvo a nacer, hago lo mismo, no me arrepiento de nada”. ¿Qué hizo a Posada expresarse de manera tan confiada en esos momentos? No cabe duda que él ya tenía total certeza de la maniobra urdida por el gobierno norteamericano para lograr su excarcelación.

• Uno de los hechos que prueban la confabulación descarada de las autoridades norteamericanas para exculpar a Posada y evitar algún juicio posterior al mismo, lo fue la destrucción de su expediente criminal por orden del agente especial Ed Pesquera, nada más y nada menos que hijo de otro acérrimo enemigo de Cuba, Héctor Pesquera, ex jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Sur de la Florida. Tal hecho fue denunciado por la periodista Ann Louise Bardach. Llama poderosamente la atención que en este expediente destruido en 1998, estaban varios documentos que implican directamente a este terrorista con los atentados con bombas contra instalaciones turísticas cubanas en 1997. Asimismo, llama también la atención que Ed Pesquera no haya recibido la más mínima amonestación de sus jefes por tal proceder.

  ● El 17 de abril de 2007, fue rechazada inexplicablemente por la Corte de Apelaciones de Nueva Orleáns, una moción presentada por los fiscales Paul Ahern y John W. Van Lonkhuyzen con el pedido del gobierno de Estados Unidos de mantener detenido a Luis Posada Carriles. La justicia corrupta, la ineficacia de la fiscalía y la complacencia de unos jueces, daba el espaldarazo final a la impunidad.

  A partir de ese momento, Posada Carriles salió en libertad y se trasladó a Miami, donde goza actualmente de la protección de las autoridades y de sus compinches. Sus abogados y cómplices le han aconsejado permanecer en silencio y no hacer declaración alguna -cosa que ha de afectar su cínico protagonismo-, en espera de los resultados de la investigación de New Jersey.”

Vuelvo a retomar el tema del Gran Jurado de Nueva Jersey:

Según varios medios, principalmente no norteamericanos, la investigación aborda la forma en que Posada Carriles recibió grandes sumas de dinero desde New Jersey, enviados por varios cubanos residentes en esa ciudad, entre los que se encontraban Arnaldo Monzón Plasencia y Abel Hernández. El primero de ellos, ya fallecido, era el dueño de la cadena de tiendas Arnold Stores y se vio involucrado de manera directa como alto directivo de la FNCA en varios hechos terroristas contra Cuba. Por su parte, Hernández, residente en Cliffside Park y propietario del supermercado Mi bandera, de Union City, desembolsó también fuertes sumas de dinero para sufragar las acciones terroristas de 1997. Las “donaciones” ascendieron a cerca de 30 000 USD.