La Asamblea Nacional venezolana abre una investigación a Capriles.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles será investigado por una comisión parlamentaria nombrada el miércoles en medio de duras denuncias de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que lo han calificado de «asesino» por convocar protestas tras el ajustado resultado de la elección del 14 de abril.El joven gobernador del estado de Miranda, que perdió por menos de 2 puntos porcentuales los controvertidos comicios, puso en entredicho el escrutinio y solicitó extender una auditoría de los resultados en medio de fuertes protestas que según el Gobierno dejaron 9 muertos y casi 80 heridos.

«Ayer una niña de 11 años murió, otro muerto más del fascismo que se le carga al asesino Henrique Capriles Randoski y que tendrá que pagar más temprano que tarde por esos crímenes. No es así que en democracia se dirimen nuestras diferencias», dijo el diputado Pedro Carreño, presidente de la comisión.

Mientras el número de fallecidos se incrementa según los datos de la Fiscalía, la oposición pone en duda que las muertes y los daños de infraestucturas estatales hayan sido desatados por las protestas, y ha presentado testimonios de algunos familiares que contradicen la versión oficial.

Capriles escribió un mensaje en su cuenta de Twitter llamando a una movilización en todo el país el 1 de mayo. Minutos después, Maduro hizo lo propio, lo que hace suponer que ambos grupos podrían protagonizar incidentes violentos.

La primera reunión de la comisión parlamentaria, integrada en su totalidad por diputados oficialistas, será el lunes. La investigación podría llegar a la Fiscalía para la apertura de un procedimiento penal.

La comisión se conformó tras días de acusaciones y descalificaciones de portavoces del Gobierno contra Capriles, mientras los venezolanos esperan detalles sobre la auditoría del recuento de votos que prepara el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«No pueden quedar impunes las muertes ordenadas por el fascista asesino Capriles. Las investigaciones van adelantadas, caiga quien caiga», escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, dijo que «prepara una celda» para Capriles. «Te garantizo que en la cárcel nadie te tocará (…) tienes que pagar tus crímenes», le dijo.

Capriles estuvo preso varios meses en 2004 por un confuso incidente en la embajada cubana en Caracas, durante un breve golpe de Estado contra el fallecido mandatario Hugo Chávez.

«Tendrán que habilitar todos los estadios de fútbol y béisbol de toda Venezuela y convertirlos en campos de concentración, porque van a tener que meter presos a millones de venezolanos que nos vamos a solidarizar con Capriles», contestó el alcalde opositor Antonio Ledezma a la ministra Varela.

Analistas sostienen que volver a encarcelar a Capriles supone grandes riesgos políticos para un gobierno que inicia su mandato en medio de una crisis institucional por la ajustada victoria y por las sospechas de fraude que tienen muchos venezolanos.

Tres de las rectoras del CNE dijeron el fin de semana que la auditoría poselectoral no cambiará los resultados, pero la oposición sostiene que en el estudio se podrán comprobar las irregularidades que habrían detectado sus testigos.

La oposición venezolana acusó a las instituciones estatales de intimidación y amenazas de despido a funcionarios críticos con el presidente Maduro.

Los adversarios del Gobierno están indignados por dos grabaciones que parecen mostrar a altos funcionarios prometiendo despedir a trabajadores que apoyen al líder opositor Henrique Capriles, quien perdió por un estrecho margen la elección para suceder al fallecido presidente socialista Hugo Chávez.

El Ejecutivo lo niega y responsabiliza a Capriles por los disturbios que dejaron ocho personas muertas, decenas de heridos y varios ataques a edificios públicos -según información oficial- tras su negativa a reconocer los resultados.

Una integrante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo a Reuters que han recibido hasta el momento más de 2.000 quejas por acoso laboral, de las cuáles precisó que unas 300 se referían a despidos por motivos políticos.

«No acepto militantes de partidos fascistas», dijo el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, en un vídeo de lo que parecía ser una reunión con el personal de la institución.

«Quien quiera ser militante (del partido opositor) Voluntad Popular del fascista Leopoldo López, que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar», concluyó, refiriendose a un conocido líder opositor y aliado de Capriles.

Un funcionario del despacho dijo que Molina no tenía comentarios sobre el vídeo por el momento.

Maduro mantuvo en su puesto a Molina cuando anunció su primer gabinete el domingo, un día después de que la grabación comenzase a circular en internet.

La oleada de acusaciones de discriminación se produce después de violentas protestas de la oposición exigiendo un recuento total de los comicios del 14 de abril, que Maduro ganó por menos de 2 puntos.

Mientras el oficialismo promete encerrar a los autores materiales y a los instigadores de las protestas, la oposición asegura que el Gobierno ha exagerado la violencia, incluyendo víctimas del hampa común entre los fallecidos.

«LOS VAMOS A BOTAR»

La diputada ante el Parlamento Latinoamericano Delsa Solórzano denunció que agencias del Gobierno, escuelas públicas y compañías estatales están usando fotos de las redes sociales, e incluso comentarios críticos, para identificar personas sospechosas de oponerse a Maduro.

Agregó que entre correos electrónicos y llamadas de empleados públicos suman más de 2.000 las denuncias, incluyendo interrogatorios por sus posiciones políticas.

«No saben por quién votaste, pero pueden sospechar porque te ven cara de ‘escuálido’ (opositor) o porque una vez pusiste un comentario como ‘¡Qué cosa con la inseguridad!'», dijo la abogada opositora en su despacho.

En otra pieza ampliamente difundida en la red, un funcionario en el occidental estado Zulia fue grabado supuestamente diciéndole a los empleados de su oficina que saben cuáles de ellos respaldaron a Capriles.

«Se lo voy a decir, los vamos a botar», dijo una grabación de audio atribuida a Leonet Cabezas, funcionario de deportes de la gobernación de Zulia. «Cara de pendejos no tenemos, nosotros los tenemos identificados y los vamos a sacar».

Cabezas dijo más tarde en un periódico local que su despacho no iba a despedir a nadie y acusó a quien publicó la grabación de buscar «disturbios».

Una página anónima de Facebook titulada «Denuncia a los Traidores de la Patria» publica fotos de marchas opositores con flechas y etiquetas identificando los nombres y puestos de trabajo de empleados públicos en el estado andino de Táchira.

«¡Ven por qué tenemos que barrer muchas instituciones del Estado!», rezaba uno de los comentarios.

NO HAY ACOSO

Los aliados del Gobierno aseguran que las acusaciones son ridículas, porque el voto en Venezuela es secreto, lo que significa que no hay forma de que un superior sepa si votaste por Capriles. Además, casi todas las quejas son anónimas e imposibles de verificar.

«No hay acoso laboral», dijo la diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanca Eekhout, a la prensa local.

«¿Por qué no preguntan por las muertes de la violencia generada por Capriles, quien, al igual que los medios de comunicación, debe ser acusado por delitos de lesa humanidad?», agregó.

La situación tiene precedentes y trae malos recuerdos a miles de opositores venezolanos. Hace una década, colaboradores de Chávez compilaron una lista de personas que firmaron pidiendo un referendo revocatorio contra él.

La oposición dice que se convirtió en una «lista negra» para despedir trabajadores en la administración pública y denegar contratos gubernamentales a particulares y empresas.

En ese tiempo, la práctica fue abiertamente reconocida por algunos de los chavistas radicales, que la justificaron como una respuesta por el golpe contra Chávez en 2002 y el paro petrolero activado meses después para forzar su renuncia.

En 2005, el propio Chávez criticó el uso de la lista y ordenó que se «enterrara».

Solórzano dijo que los nombres de víctimas de la discriminación tras las últimas elecciones son confidenciales y que sólo unos pocos se han hecho públicos en los últimos meses.

Evelyn Giambalvo, de 40 años y que está de baja médica en un banco agrícola estatal, dijo que su salario fue recortado en septiembre, un día después de que publicase una foto en una red social de ella con Capriles.

«La gerencia dijo ‘¿cómo se te ocurre publicar esa foto trabajando en esta institución?'», dijo.

Su marido, Freddys Díaz, de 55 años, dijo que fue despedido injustificadamente de la misma institución en febrero.

El Ministerio de Agricultura, que supervisa el banco, no respondió a llamadas que pedían comentarios.

«Se supone que estamos en un país democrático, donde tú no tienes que seguir las líneas ni mucho menos convertirte en una foca y aplaudir cosas con que estás en desacuerdo», dijo Giambalvo.